Expreso MendozaA las 0.40 del miércoles 24 de marzo de 1976, un helicóptero despegó de la terraza de la Casa Rosada con la presidenta constitucional de Argentina a bordo. Nunca llegó a destino. Los pilotos, en complicidad con los golpistas, desviaron la nave hacia el Aeroparque. Cuando María Estela Martínez de Perón tocó tierra, ya no era presidenta. Un general del Ejército se lo confirmó con una sola frase: "Señora, las Fuerzas Armadas han asumido el poder político de la Nación y usted queda destituida."
A las 3.21, una marcha militar cortó la programación de todas las radios del país. Era el comunicado número uno. Firmaban Videla, Massera y Agosti. Argentina acababa de entrar en la noche más larga de su historia democrática.
Lo que ocurrió en las horas siguientes no fue caótico. Fue metódico, ejecutado con una precisión que revelaba meses de planificación. A las 3.10, las fuerzas militares ya habían ocupado todos los canales de televisión y emisoras de radio del país. No hubo resistencia mediática: la mayoría de los medios llevaban semanas preparando el terreno para el golpe. A las 4.40, un nuevo comunicado anunció que reinaba la "tranquilidad" y que el abastecimiento de alimentos estaba garantizado. La dictadura comenzaba dando garantías al supermercado.
Con el amanecer, Buenos Aires despertó a una ciudad en calma. Las fábricas funcionaban con normalidad. La CGT, que se había reunido de madrugada en el Ministerio de Trabajo, anunció un paro que nadie acató. No hubo resistencia. No porque los argentinos apoyaran unánimemente el golpe, sino porque el terror ya había comenzado a operar, y porque una parte significativa de la sociedad —el empresariado, la Iglesia, los medios hegemónicos— había deseado y esperado ese desenlace.
A las 10.40, la Junta Militar formalizó el poder con once resoluciones. Los mandatos del presidente, gobernadores, intendentes, diputados y senadores quedaron caducos. El Congreso fue disuelto. La Corte Suprema fue removida. Las legislaturas provinciales, cerradas. Los partidos políticos, suspendidos. El derecho a huelga, eliminado. En un solo acto legal, el sistema republicano fue desmantelado de arriba abajo.
El 29 de marzo, Videla asumió formalmente como presidente de facto. Al día siguiente, las universidades fueron intervenidas. El 2 de abril, el nuevo ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa: congelamiento de salarios, liberación de precios, apertura comercial, devaluación. Era, según su propio colaborador Walter Klein, un programa "incompatible con cualquier sistema democrático y solo aplicable si lo respalda un gobierno de facto". Lo dijo sin ruborizarse.
Mientras los economistas anunciaban el modelo, los grupos de tareas ya operaban. En las primeras horas del golpe, sindicalistsa, estudiantes, docentes y militantes políticos estaban siendo secuestrados en sus casas, en sus lugares de trabajo, en la calle. La misma madrugada del 24 de marzo, Isauro Arancibia, secretario general de la agrupación docente ATEP de Tucumán y fundador de CTERA, fue asesinado en la sede de su sindicato. Era una señal. El terror no esperaría.
En 48 horas, Argentina había pasado de ser una democracia —precaria, convulsionada, pero democracia— a un Estado de terrorismo sistemático. Lo que nadie sabía esa semana es que esa noche duraría siete años y medio.
