Expreso MendozaA las 0.40 de la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón subió a un helicóptero en la terraza de la Casa Rosada con destino a la Quinta de Olivos. Nunca llegó. A pocos minutos del despegue, los pilotos desviaron la aeronave hacia la zona militar del Aeroparque Metropolitano, donde francotiradores ya ocupaban posiciones en los edificios. La presidenta constitucional de Argentina acababa de ser detenida. El golpe había comenzado.
A las 3.21, una marcha castrense interrumpió la programación de todas las radios del país. Lo que vino después fue el comunicado número uno de la Junta Militar: "Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar". Firmaban tres nombres que la historia argentina no podría olvidar: el general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti, comandantes del Ejército, la Armada y la Aeronáutica respectivamente.
Así comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura cívico-militar más brutal que vivió el país. Duró siete años y medio, hasta el 10 de diciembre de 1983, y dejó una herida que cinco décadas después todavía no terminó de cerrar.
Un golpe que nadie fingió no ver
El golpe no fue una sorpresa. Fue, en muchos sentidos, un desenlace anunciado. La tarde del 23 de marzo, el diario La Razón salió con una primera plana sin rodeos: "Es inminente el final. Todo está dicho". Amplios sectores de la sociedad civil, empresarial y eclesiástica no solo lo sabían: lo esperaban. El establishment financiero venía reuniéndose en secreto con los jefes militares desde mediados de 1975. Medios de comunicación hegemónicos construyeron durante semanas el clima de caos que justificaría la "intervención". El gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección del secretario de Estado Henry Kissinger, ya había manifestado su apoyo dos días antes de que el golpe se concretara.
No fue únicamente un golpe militar. Fue un golpe cívico-militar, y esa distinción importa. La complicidad de sectores civiles —empresarios, jueces, periodistas, sacerdotes— fue parte constitutiva del sistema que se instaló, y no un accidente histórico.
El plan sistemático: terrorismo de Estado
Lo que siguió al comunicado número uno no fue un gobierno autoritario más en la historia de interrupciones democráticas de Argentina. Fue algo cualitativamente diferente: un plan sistemático de terrorismo de Estado, diseñado para eliminar físicamente a quienes el régimen consideraba "subversivos" —una categoría lo suficientemente amplia como para incluir sindicalistas, estudiantes, maestros, periodistas, abogados de derechos humanos, y cualquiera que simplemente pensara distinto.
El aparato represivo funcionó sobre la base de 800 centros clandestinos de detención distribuidos en todo el territorio nacional. Los operativos —conocidos como "vuelos de la muerte"— arrojaron a personas con vida al Río de la Plata y al océano Atlántico. Se calcula que unas 5.000 personas fueron víctimas de esas operaciones. Alrededor de 500 bebés nacidos en cautiverio fueron apropiados ilegalmente y entregados a familias vinculadas al régimen, borrándoles la identidad. Hasta hoy, las Abuelas de Plaza de Mayo llevan recuperados 140 nietos.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, registró oficialmente 8.961 denuncias de desaparecidos en el Nunca Más. El número de 30.000 detenidos desaparecidos es la cifra sostenida por los organismos de derechos humanos, y el Poder Judicial argentino ha reconocido que el registro formal es apenas una parte de la dimensión real del crimen.
La otra dimensión: el saqueo económico
El terror fue la condición de posibilidad de un proyecto económico que de otro modo hubiera sido imposible de imponer. El primer día de gobierno, los salarios fueron congelados por decreto. Los precios, liberados. El resultado fue inmediato: el salario real de los trabajadores cayó un 30 por ciento en los primeros meses. La participación de los asalariados en el ingreso nacional, que era del 45 por ciento en 1974, se derrumbó al 22 por ciento para 1982.
El ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz implementó un modelo de valorización financiera que destruyó el aparato industrial del país y lo reemplazó por especulación. La deuda externa, que al inicio de la dictadura era de aproximadamente 8.000 millones de dólares, llegó a 45.000 millones al final del régimen: un incremento del 449 por ciento en siete años. Un fallo judicial dictado años después sentenció que esa deuda fue contraída de manera "groseramente irregular" y que el país "fue puesto bajo la voluntad de los acreedores externos". La pobreza, que antes del golpe no superaba el 5 por ciento de la población, superó el 20 por ciento al final de la dictadura, un piso que Argentina no pudo perforar nunca más.
El retorno y la memoria
El régimen se derrumbó acelerado por la derrota en la Guerra de Malvinas, en 1982, y por el peso de sus propios crímenes. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia y Argentina recuperó la democracia. En 1985, el Juicio a las Juntas condenó a cadena perpetua a Videla y Massera, en un hecho histórico sin precedentes en el mundo: un país juzgando a sus propios dictadores en democracia.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en 1987 y 1986 respectivamente, detuvieron los juicios y generaron una herida profunda en el movimiento de derechos humanos. Fueron anuladas en 2003, y desde entonces los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad se reactivaron. Hasta hoy continúan activos en todo el país, incluyendo en Mendoza.
En 2002, el Congreso estableció el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha no es solo conmemoración: es un recordatorio de que la democracia no es un dato permanente, sino una construcción que puede destruirse y que exige cuidado activo.
Este lunes, a 50 años exactos de aquella madrugada, Argentina vuelve a preguntarse qué recuerda, qué sabe y cuánto de lo que ocurrió entre 1976 y 1983 sigue determinando el presente. La respuesta, incómoda y necesaria, es: mucho más de lo que parece.
