Expreso MendozaHay una maniobra política que, cuando está bien hecha, nadie la ve. El arte de cambiar todo sin que parezca que cambiaste nada. La reforma a la Ley de Glaciares que avanza en el Congreso nacional es, en ese sentido, casi una obra maestra del cinismo legislativo: dos palabras reemplazadas, una protección vaciada, y miles de hectáreas de alta montaña mendocina potencialmente abiertas a la minería de gran escala.
El mecanismo es quirúrgico. La ley vigente desde 2010 protege los glaciares y también el "ambiente periglacial": el entorno que rodea a los glaciares, la tierra congelada, las zonas de permafrost que regulan el deshielo y abastecen de agua a los ríos. El proyecto que el oficialismo nacional impulsa con media sanción del Senado reemplaza esa noción por "geoforma periglacial", limitando la protección solo a formaciones físicas concretas y puntuales, no al ambiente como sistema. Un cambio de escala que, en la práctica, excluiría de la protección ambiental enormes franjas de territorio de alta montaña que hoy están cubiertas.
Para entender lo que está en juego, hay que entender la geografía mendocina. Esta provincia no tiene grandes ríos que vengan del norte ni lluvias abundantes. Tiene montaña y tiene nieve y hielo. Los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel —la columna vertebral del sistema productivo, del agua potable y del agro provincial— nacen del deshielo de glaciares y zonas periglaciares. Sin esa agua, el oasis mendocino no existe. No es metáfora: es hidrología elemental.
La reforma fue construida con el andamiaje discursivo del desarrollo. Dicen que la ley actual traba inversiones mineras, que impide el crecimiento, que es una barrera ideológica contra el progreso. Lo que no dicen es cuáles son las inversiones concretas que esperan del otro lado de esa reforma. Proyectos de minería de gran escala en alta montaña, en zonas que hoy están protegidas precisamente porque son la zona de recarga hídrica de la provincia más árida del país después de la Patagonia.
El proceso parlamentario fue, además, un escándalo procedimental que se naturalizó. Más de 100.000 personas se inscribieron para hablar en la audiencia pública convocada en el Congreso. Solo 200 pudieron exponer. El resto quedó afuera. Las organizaciones ambientales denunciaron una audiencia diseñada para cumplir el trámite, no para escuchar. La Justicia rechazó el amparo que buscaba frenar el avance. La maquinaria siguió.
La Iglesia Católica —que suele no meterse en estas aguas— sí se metió. La Comisión Episcopal de Pastoral Social llamó a los glaciares "catedrales de agua". El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, recordó esa posición esta misma semana. No es una declaración menor: es la institución más conservadora del país pidiéndoles a los legisladores que no toquen el agua.
Y Mendoza, ¿qué? La provincia que más tiene para perder con esta reforma es, también, la que ha tenido la voz más tibia en el debate nacional. El gobernador Alfredo Cornejo, que se mueve con habilidad en la alianza con el gobierno de Javier Milei —que es quien impulsa la reforma—, no ha encabezado ninguna cruzada pública por los glaciares. Los legisladores mendocinos nacionales del oficialismo provincial votaron, en general, siguiendo las instrucciones del bloque. La sociedad civil y los movimientos ambientalistas de la provincia son los que pusieron el cuerpo, pero sin el respaldo institucional que el tema merece.
Mendoza tiene una identidad construida sobre el agua. La cultura del riego, la vid, el aceite, la fruta, el turismo de montaña: todo eso depende de que el deshielo siga siendo predecible y abundante. Un proyecto minero mal gestionado en zona periglacial no solo contamina: altera el régimen hídrico de toda la cuenca. Y en un contexto de cambio climático donde los glaciares ya están retrocediendo de manera verificable, reducir la zona de protección es exactamente lo contrario de lo que la situación exige.
El agua no es un recurso renovable en la escala de tiempo humana. Los glaciares que se derriten por la actividad minera no se reconstituyen en una generación ni en diez. La reforma a la Ley de Glaciares no es solo una discusión ambiental: es una discusión sobre el futuro del agua mendocina, sobre qué tipo de provincia queremos ser en 2050, sobre si el modelo de desarrollo que elegimos incluye o no el agua como límite innegociable.
Dos palabras cambiadas. "Ambiente periglacial" por "geoforma periglacial". Que nadie diga que no le avisaron lo que estaba en juego.
