Amenazas en las escuelas: los chicos las hacen, pero ¿dónde estaban los padres?

Mendoza tuvo una semana que no debería olvidar fácilmente. En menos de siete días, más de 230 escuelas de la provincia —el 30 por ciento de los establecimientos secundarios— activaron protocolos de seguridad por amenazas de tiroteo. Los alumnos llegaron sin mochila. Los padres esperaban nerviosos en la puerta. Los policías custodiaban los accesos. Y en los baños de los colegios, seguían apareciendo pintadas.

El caso más resonante fue el del Instituto Santa María Goretti, en Luján de Cuyo. Un alumno de cuarto año realizó pintadas amenazantes en el establecimiento, recibió una sanción, y al día siguiente volvió a hacerlo. El Consejo de Convivencia Escolar agotó el Índice de Convivencia Escolar —el sistema que reemplazó a las amonestaciones— y aplicó la máxima penalización: la expulsión. Dos compañeros suyos, cómplices del hecho, recibieron descuentos de puntos y continúan cursando. El apoderado del colegio lo dijo con claridad: "Con dolor se tomó esta decisión, porque no estamos para sancionar sino para educar, pero fue necesario."

En el plano judicial, seis adolescentes fueron imputados por el delito de intimidación pública. Otros 19 enfrentan causas contravencionales. Una madre fue detenida —y luego liberada— por haber instigado a su hijo a llevar una réplica de arma de fuego a clases y amenazar a sus compañeros. La Justicia le aplica cargos con una pena prevista de entre tres y ocho años de prisión.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, informó que la ola de amenazas generó 400 llamadas al 911, el despliegue de 800 efectivos policiales y la intervención de personal de Científica e Investigaciones. El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, anunció que en los próximos siete días todas las escuelas de Mendoza deberán realizar dos horas obligatorias de reflexión y capacitación con padres, docentes y alumnos. "Esto no es una broma, es un ilícito", advirtió con firmeza.

Pero hay una pregunta que incomoda y que pocos se animan a hacer en voz alta: ¿dónde estaban los padres?

Porque en una gran parte de los casos identificados, los chicos no solo escribieron amenazas en los baños de sus escuelas. También las subieron a TikTok. Las compartieron en grupos de WhatsApp. Las promocionaron en redes como si se tratara de un desafío viral. Y en todo ese recorrido, hubo adultos que no vieron nada, no preguntaron nada, o directamente miraron para otro lado. El propio Ministerio de Educación debió pedir la baja de más de 1.200 publicaciones en redes sociales que reproducían o validaban las amenazas.

No es posible hablar de estos episodios sin hablar de responsabilidad adulta. El sistema educativo puede sancionar. La Justicia puede imputar. Los protocolos pueden activarse. Pero ninguna institución puede reemplazar lo que debería ocurrir en los hogares: la conversación, el límite, la presencia real de un padre o una madre que sepa qué está haciendo su hijo con el celular.

Hay familias que genuinamente no lo sabían. Hay otras que, como en el caso de la madre detenida, no solo lo sabían sino que alentaron la conducta. Esa es la imagen más perturbadora de toda esta semana: no el adolescente que hace una pintada buscando atención, sino el adulto que lo empuja.

Mendoza, por ahora, respondió con firmeza institucional. Las sanciones llegaron, los protocolos funcionaron y la Justicia actuó. Pero si después de todo esto los padres no abren los ojos, la próxima semana podría traer otro ciclo idéntico. La escuela educa. La familia también.