El penitenciario que atropelló y mató alcoholizado en Las Heras fue condenado pero ya está en libertad

En los tribunales mendocinos se cerró un capítulo doloroso y polémico: Lucas Armando Lescano, agente del Servicio Penitenciario Federal, fue condenado a tres años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir, tras admitir su responsabilidad en un accidente vial que terminó con la vida de un hombre en Las Heras. Pese a la sentencia, recuperó la libertad inmediatamente, ya que había cumplido ocho meses de detención bajo arresto domiciliario, el tiempo mínimo que exige la ley para acceder a la excarcelación anticipada.

El hecho ocurrió la noche del 25 de agosto de 2024. Martín Traslaviña, de 45 años, había detenido su camioneta Dodge frente a un camión averiado en la calle Martín Fierro. Mientras colocaba una linga entre ambos vehículos para remolcarlo, una Fiat Toro que venía a gran velocidad lo embistió de lleno. El conductor era Lescano, quien manejaba con 2,33 gramos de alcohol en sangre, casi cinco veces el límite permitido. Traslaviña sufrió heridas gravísimas: perdió una pierna y sufrió un traumatismo torácico severo. Murió cuatro días después en el Hospital Central.

El horror del accidente no terminó en la escena. Apenas ocurrido el hecho, familiares y vecinos atacaron al conductor y prendieron fuego a su camioneta. Lescano tuvo que ser internado y posteriormente quedó detenido, aunque a las pocas semanas logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, tras pagar una fianza de un millón de pesos. Desde entonces, cumplía arresto en su casa con una tobillera electrónica.

Durante el juicio, que se resolvió por la vía abreviada, Lescano admitió su culpa por el delito de homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado. La jueza Amalia Yornet dictó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y lo inhabilitó para conducir durante ocho años. Sin embargo, la resolución incluyó el cese de la prisión preventiva, ya que el acusado había cumplido los ocho meses de detención exigidos por la normativa vigente, lo que lo habilitó a recuperar su libertad de inmediato.

El caso generó indignación en buena parte de la sociedad y reavivó el debate sobre las penas aplicadas a conductores que matan manejando bajo los efectos del alcohol. Mientras en este caso la condena se resolvió con una pena menor y sin que el acusado cumpla ni la mitad en prisión, otros episodios similares en Mendoza han tenido condenas mucho más duras. En marzo, por ejemplo, un jurado popular condenó a ocho años y medio de cárcel a Aldo Soto, quien mató a una joven en condiciones muy parecidas, pero fue juzgado por homicidio simple con dolo eventual.

La diferencia en la calificación legal y en las penas ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios con los que se juzgan este tipo de tragedias. Para muchos familiares de víctimas, la justicia sigue quedando en deuda. Para otros, la aplicación estricta de la ley sin excepciones es el único camino para evitar que nuevas muertes por conductores ebrios sigan ocurriendo.