La tranquilidad habitual en la comunidad educativa de Guaymallén se vio sacudida en las últimas horas por dos graves denuncias de presunto abuso sexual infantil ocurridas en jardines de infantes del departamento. Las investigaciones están en manos de la fiscal María de las Mercedes Moya, quien dispuso medidas urgentes y ya ordenó pericias claves para avanzar en los casos.
Uno de los hechos se registró en el Jardín Tomasito, perteneciente al Colegio Tomás Alva Edison, ubicado sobre calle 25 de Mayo. Según fuentes judiciales, fue un profesor –que no integra el plantel docente estable, sino que dicta materias específicas de forma esporádica– quien fue señalado como el autor del presunto abuso. La denuncia fue realizada por los padres de un niño de esa institución, quienes se presentaron el martes en una Oficina Fiscal del departamento. El docente quedó detenido ese mismo día y permanece alojado en una seccional policial, a la espera del avance de la causa y de los resultados de los peritajes ordenados por la fiscalía.
En un comunicado interno enviado a los padres, las autoridades del colegio privado confirmaron la existencia de una investigación en curso, aunque aclararon que la causa involucra a un tercero externo y que el proceso judicial se encuentra bajo secreto de sumario. También aseguraron que se han aplicado medidas de resguardo para garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares y cuidar el bienestar de los niños.
El segundo episodio, tan impactante como el anterior, tuvo lugar en la escuela José Cartellone, situada en el distrito de El Bermejo. Todo comenzó cuando, cerca del mediodía, la madre de un alumno de cinco años fue llamada por personal de la institución porque su hijo se había orinado. Al retirarlo y llegar a su casa, la mujer lo llevó a bañar y notó signos que le generaron una enorme preocupación: lesiones en las partes íntimas del menor y un fluido sospechoso en su ropa interior. Alarmada, intentó hablar con su hijo, pero el niño se quebró en llanto y se negó a contar lo ocurrido.
La madre no dudó: volvió de inmediato al establecimiento, llevó consigo las prendas del niño y reclamó explicaciones a los directivos. Acto seguido, llamó al 911 y entregó la ropa a la Policía. Los uniformados secuestraron un pantalón deportivo azul, un calzoncillo y una bolsa de tela donde la mujer había guardado la evidencia. Las miradas, hasta ahora, apuntan hacia un celador que trabaja en la escuela, aunque por el momento no se ha identificado a un sospechoso concreto.
Los dos casos están siendo tratados con extrema cautela por las autoridades. La fiscal Moya trabaja en simultáneo sobre ambos hechos, que sacudieron a la opinión pública mendocina y reavivaron la preocupación sobre los mecanismos de prevención y protección en entornos escolares.
Mientras tanto, padres y madres de las comunidades afectadas exigen respuestas, contención y sobre todo medidas concretas para evitar que hechos como estos se repitan. El dolor y la indignación se han hecho sentir en las puertas de ambos establecimientos. La Justicia, en tanto, tiene la delicada tarea de esclarecer lo ocurrido con rapidez, pero también con el debido rigor, sin vulnerar la intimidad ni el cuidado de los menores involucrados. La provincia sigue con atención el desarrollo de ambos casos, que podrían tener derivaciones aún más profundas en las próximas semanas.
