Millonaria compra de comida para las cárceles de Mendoza genera polémica en el gobierno de Cornejo

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó esta semana una millonaria contratación directa para adquirir cuatro millones de raciones alimentarias destinadas a las cárceles de Mendoza. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de los decretos 914 y 915, lleva las firmas de la vicegobernadora Hebe Casado y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. La inversión supera los 54.000 millones de pesos y la empresa adjudicada es Clisa Interior S.A., una firma con larga trayectoria en la provisión de comida para el Servicio Penitenciario.

La decisión del Ejecutivo llega luego de un proceso de licitación pública que terminó sin éxito. En ese concurso, la única empresa que se presentó fue Bio Limp Soluciones de Calidad S.A., pero fue descalificada por no cumplir con los requisitos formales, como la presentación de la garantía de oferta. Ante el fracaso del llamado, el Gobierno optó por avanzar por contratación directa, y así volvió a convocar a Clisa, que venía prestando el servicio desde hace más de una década.

Clisa no había participado de la licitación original. Según trascendió, la firma cometió un error al subir la documentación al sistema oficial, lo que la dejó afuera del proceso. Esta situación despertó suspicacias, ya que, tras declararse desierta la licitación, el Gobierno terminó contratándola directamente, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.

No es la primera vez que la alimentación de los internos mendocinos se convierte en tema de debate. Los costos del servicio han crecido de forma notable en los últimos años. En junio del año pasado, cada ración costaba $7.867, un aumento de más del 600% en comparación con 2022. El menú que se sirve en los penales incluye carnes asadas, pizzas, empanadas y hamburguesas, un nivel de alimentación que algunos sectores critican por considerarlo excesivo en un contexto de crisis económica.

El Ministerio de Seguridad y Justicia defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que todo se realizó bajo los marcos normativos vigentes. Sin embargo, no se descarta que desde la Legislatura se promuevan pedidos de informes o que la oposición intente abrir el debate en la Comisión Bicameral de Seguridad.

En un momento en el que el Estado ajusta recursos en distintas áreas, el monto y la modalidad de esta contratación no pasaron desapercibidos. La polémica está servida.