En una jornada legislativa tensa y cargada de cruces entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto que regula los cuerpos de seguridad ciudadana y habilita el uso de armas no letales —entre ellas, las pistolas Taser— por parte de preventores municipales. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y ahora deberá ser tratada en el Senado para su sanción definitiva.
La votación se realizó a mano alzada y terminó con 28 votos afirmativos, 17 en contra y una ausencia: la de la diputada peronista Roxana Escudero. El debate, que comenzó pasado el mediodía, se extendió durante varias horas debido a los fuertes intercambios entre bloques. Mientras el oficialismo defendió el proyecto como una herramienta moderna de prevención, sectores opositores manifestaron su preocupación por posibles abusos y por una supuesta “descentralización irresponsable” de la seguridad.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue una de las principales defensoras del proyecto y aclaró que la normativa no obliga a ningún municipio a crear cuerpos de preventores, sino que simplemente establece un marco legal para aquellos que decidan implementarlos. Aseguró además que el uso de las Taser estará regulado por protocolos claros y con capacitación a cargo de la Policía de Mendoza.
Desde la Ciudad de Mendoza, el intendente Ulpiano Suárez ya anticipó la compra de 30 pistolas Taser y confirmó que su municipio avanzará en la incorporación de esta herramienta para los agentes de seguridad ciudadana. La decisión no es aislada: forma parte de una estrategia que busca reforzar la presencia preventiva en zonas céntricas, parques y eventos masivos. El jefe comunal destacó que las armas no letales ya son utilizadas por la policía provincial desde hace años y que los dispositivos serán entregados a personal capacitado, bajo supervisión permanente.
En la vereda opuesta, la oposición expresó reparos sobre el alcance del proyecto. Algunos legisladores señalaron que podría abrir la puerta a un “paralelismo institucional” en materia de seguridad, advirtiendo que los municipios no siempre cuentan con la estructura ni los controles adecuados para tareas tan sensibles. También hubo objeciones sobre el uso de Taser, consideradas “no letales” pero con capacidad de provocar daño si se utilizan de forma incorrecta.
Más allá de las diferencias políticas, la sesión puso en evidencia una discusión más profunda sobre el rol de los municipios en la prevención del delito, el tipo de herramientas que pueden utilizar y el equilibrio entre eficacia y garantías.
Con la media sanción en Diputados, el texto ahora pasará a la Cámara de Senadores, donde se espera un nuevo capítulo de debate. Mientras tanto, algunos municipios ya se preparan para aplicar la medida, a la espera de que la norma se convierta en ley.
