La Cámara de Diputados lleva adelante este martes una sesión especial para debatir dos proyectos vinculados a sectores especialmente sensibles: el aumento de las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se desarrollan movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, gremios y colectivos de personas con discapacidad.
Ambas iniciativas fueron impulsadas por bloques opositores, encabezados por Unión por la Patria, con el respaldo de sectores aliados como la izquierda y algunos legisladores provinciales. La propuesta sobre jubilaciones busca garantizar una actualización mensual en base a la inflación, mientras que la de discapacidad propone declarar la emergencia hasta diciembre de 2027, estableciendo que las pensiones y prestaciones no estén por debajo del 70% del haber mínimo jubilatorio.
Desde el oficialismo, representado por La Libertad Avanza y sus aliados, se expresó preocupación por el impacto fiscal de ambas medidas. Argumentan que los proyectos podrían comprometer el equilibrio presupuestario y generar un gasto difícil de sostener. “No se puede construir un país con leyes que rompen las cuentas públicas”, afirmó el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de las propuestas rondaría entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios. A esto se sumarían partidas adicionales para compensar retrasos acumulados y fortalecer dispositivos productivos en el área de discapacidad, como talleres protegidos.
Uno de los puntos más discutidos es la fijación del 70% del haber mínimo como piso para pensiones no contributivas. Algunos bloques, como el PRO, la UCR y La Libertad Avanza, plantean alternativas más acotadas y consideran excesiva la duración de la emergencia hasta 2027. Desde sus bancas, proponen limitarla a un año y establecer revisiones periódicas.
Mientras tanto, la sesión se desarrolla en un contexto de fuerte presencia en las calles. Desde temprano, distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad, jubilados, prestadores de salud y profesionales de diversos sectores se concentraron frente al Congreso para acompañar el tratamiento de los proyectos. A la movilización también se sumaron columnas vinculadas al aniversario de la primera marcha de “Ni Una Menos”, que se realizó hace exactamente una década, lo que amplificó la convocatoria.
La jornada transcurre con presencia de fuerzas de seguridad, que aplicaron un protocolo de control de accesos sin que hasta el mediodía se hayan registrado incidentes de consideración. La expectativa es que la sesión se extienda durante varias horas, debido a la cantidad de oradores y a la posibilidad de que se incorporen otros temas al temario.
Entre ellos, se menciona la integración de comisiones como la Auditoría General de la Nación y el tratamiento de propuestas vinculadas al control legislativo de políticas recientes, como la fallida criptomoneda oficial “$Libra”, que algunos sectores plantean investigar.
Más allá del resultado final, el debate de hoy refleja una fuerte tensión entre demandas sociales urgentes y los límites del ajuste fiscal que impulsa el Gobierno. Los próximos días serán clave para definir si los proyectos avanzan en el Senado o quedan frenados en esta primera instancia.
