La magnitud del horror conmueve: Lara Gutiérrez (15) y las primas Brenda del Castillo y Morena Verri (20) fueron llevadas con engaños a una fiesta, torturadas brutalmente y asesinadas el 19 de septiembre. Sus cuerpos aparecieron enterrados tras días de búsqueda.
Lo más escalofriante: la crueldad del método y, además, la transmisión de torturas en vivo a un grupo privado en redes sociales. Es un feminicidio con sello narcocriminal.
Hasta ahora, hay al menos 12 detenidos y una orden de captura internacional al presunto líder narco “Pequeño J”. La hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, aunque se mantiene abierta la investigación.
La sociedad reaccionó con movilizaciones masivas en ciudades de todo el país: un grito nítido de “ni una más, ni un minuto más”. Las marchas no solo reclaman prisión para los responsables, también apuntan a jueces, policías y complicidades estructurales.
Este caso trasciende lo policial: interpela a los poderes del Estado, al sistema de justicia y la cultura social. Si no hay respuestas contundentes y rápidas, la bronca no se apagará; esa demanda ciudadana podría mutar en urgencia política.
