En una escena que parece salida de un manual del absurdo institucional, Ariel García Mansilla sigue sentado en una silla que ya no le pertenece. Nombrado de manera transitoria para ocupar el cargo de juez de la Corte Suprema, su designación fue rechazada esta semana por el Senado. Sin embargo, lejos de presentar la renuncia, García Mansilla decidió resistir en el cargo, con el respaldo implícito –y ahora explícito– del gobierno nacional.
La situación es tan insólita como preocupante. El rechazo de su pliego implica, ni más ni menos, que su nombramiento ha perdido toda legitimidad. Pero en lugar de acatar la decisión del Congreso –el órgano constitucional encargado de aprobar o rechazar las designaciones judiciales–, el abogado decidió mantenerse en funciones. Lo hace bajo la orden directa del Ejecutivo, que le pidió no renunciar, en una maniobra que no solo lo expone políticamente, sino que también daña la institucionalidad del máximo tribunal del país.
El resultado: un papelón. No hay otra forma de describirlo. García Mansilla, quien ya era una figura cuestionada por su cercanía con el oficialismo, ahora queda envuelto en un escándalo que lo pone en el centro de la escena por los peores motivos. Su permanencia no solo resulta incómoda, sino también peligrosa para la credibilidad de la Corte, una institución que debería ser ejemplo de transparencia, legalidad y respeto por los procedimientos democráticos.
¿Hasta cuándo puede aguantar alguien en un cargo para el cual no fue elegido legítimamente? ¿Qué mensaje se envía cuando un funcionario ignora el rechazo del Congreso y se aferra a una silla como si fuera de su propiedad? La imagen es grave y no se resuelve con comunicados de prensa ni con silencios cómplices. La legitimidad no se impone por decreto ni por conveniencia política: se gana con el respeto a las instituciones y a la voluntad democrática.
El gobierno, al ordenar que García Mansilla no se mueva del cargo, juega con fuego. Y lo peor: arrastra consigo a un abogado que, al no dar un paso al costado, queda como símbolo de la obediencia ciega, del oportunismo y del desprecio por las formas republicanas. Un papelón que no solo salpica a la Corte, sino que erosiona la confianza ciudadana en todo el sistema judicial.
